Enrique tiene 65 años, sufre un cáncer muy avanzado y le dan muy poco tiempo de vida, alrededor de dos meses. La noche del 10 de abril mató a su hijo Daniel, de 37 años, poniendo así fin a una fuerte discusión. Acusaba a su vástago de haberle arruinado económicamente después de toda la vida trabajando; de gastarse los ahorros de la familia, al menos 70.000 euros, además de generarle más deuda por su adicción al juego principalmente.
Poco antes de la medianoche, entró en la habitación de Daniel y le descerrajó un tiro con su escopeta semiautomática de caza, para la que tenía permiso de armas. Ocurrió en el chalé familiar de la urbanización Miragredos de Escalona (Toledo), en el número 67 de la calle de la Margarita, donde también se encontraba la esposa, madre de Daniel, que sufrió un ataque de histeria.
Luego Enrique llamó al teléfono de emergencias 112 para contar lo que había hecho: «He matado a mi hijo». Eran las 23:25. Daniel estaba separado y contaba con antecedentes por violencia de género hacia su ex pareja sentimental, con la que tenía una niña con la que no vivía.
Enrique estaba abatido cuando llegaron los primeros guardias civiles, a los que reconoció la autoría. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrijos envió al hombre a prisión al día siguiente, con la acusación provisional de homicidio y el agravante de parentesco.
Mal de salud y con el ánimo por los suelos, ingresó en Ocaña I. Para tratar su cáncer terminal, debía comenzar de nuevo todo el proceso administrativo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) si permanecía en el centro penitenciario toledano, ya que tiene a todos sus especialistas médicos en la comunidad autónoma vecina. Por eso la semana pasada lo trasladaron a Madrid III, en Valdemoro, aunque su abogado trata que lo excarcelen al no haber riesgo de fuga por su deteriorado estado de salud.
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